Bogotá
- Colombia Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas: saldo en rojo Redacción
Actualidad Étnica
Los datos recogidos por la Fundación Hemera revelan que hasta el 30 de noviembre del presente año se registraron 171 casos de violaciones, superando en un 20 por ciento los casos de violación acontecidos en el año 2002, con un número de víctimas que en un balance preliminar se estiman en poco más de 7 mil personas, aclarando que 409 de ellas fueron víctimas de violaciones que se perpetraron de manera individual (asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, etc.) y alrededor de 6595 personas fueron víctimas de violaciones que afectan colectivamente a las comunidades (control de alimentos, ataques indiscriminados, incursiones territoriales, etc.). Número
de violaciones - casos y número de víctimas por presunto
responsable
El homicidio sistemático de indígenas fue nuevamente la principal violación registrada. De 63 casos que se presentaron en el año 2002 con un promedio de 120 víctimas, se pasó a 82 casos con un promedio de 139 víctimas, siendo los indígenas Kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta la etnia más afecta, lo que permite colegir que las acciones violentas ejercidas por los actores armados contra la etnias de esta región, hacen parte de una política de exterminio, según las autoridades indígenas por la proyección de cuatro megaproyectos energéticos que incluyen la construcción de una hidroeléctrica sobre la ribera del Guatapurí. A pesar de las distintas resoluciones defensoriales y la implementación de medidas cautelares para proteger a las cuatro etnias que habitan en la Sierra Nevada, 61 indígenas Kankuamos y 5 Wiwas han sido asesinados y más de mil indígenas han sido sometidas a un desplazamiento forzado hacia centros comunitarios de Valledupar, donde viven en hacinamiento y en condiciones realmente vergonzosas.
La arremetida contra los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y el pueblo Emberá del Chocó tienen como causa principal –al menos en un 63 por ciento de los casos-, el control territorial por parte de los actores armados legales e ilegales, lo cual esta ligado directamente a fenómenos como la proyección de megaproyectos o la producción ilícita de droga. Número
de violaciones - casos y número de víctimas por tipo violación
Con respecto a la autoría de estos hechos de violencia contra las comunidades indígenas, nuevamente los grupos de paramilitares encabezan la lista con la presunta autoría de 70 de los casos reseñados, los cuales superan en un 11 por ciento los 59 casos de violaciones cometidos en el año anterior. Sólo contemplando las cifras del año 2003, los grupos paramilitares son los presuntos responsables del 43 por ciento de las violaciones. Las acciones de los paramilitares dejan un saldo de 181 personas afectadas de manera individual y 1558 personas afectadas de manera colectiva. Número
de violaciones - casos por posibles causas
Llama la atención como la Fuerza Pública presenta 39 casos de violaciones en el año, un 23 por ciento del total de las violaciones, 10 más de las cometidas por las FARC-EP, 17 por ciento del total de las violaciones. Pero quizás lo más preocupante al respecto esté en el número de personas afectadas, que en el caso de las víctimas afectadas de manera colectiva llegan a 3851 personas, 2293 más que las personas afectadas por las autodefensas y 2665 más que las afectadas por las FARC EP. Ese incremento tanto en el número de casos como en el de víctimas radica en las mismas operaciones militares que en la lucha contra los grupos armados ilegales se realizan. Buen ejemplo de lo anterior son los bombardeos indiscriminados que se realizan en poblaciones de los departamentos de Chocó, Cesar y Cauca, donde las comunidades indígenas y campesinas denuncian que tras los ataques, los resultados son por lo general, destrucción a cultivos de pan coger y daño a la infraestructura de los lugares.
Número
de violaciones - casos y número de víctimas por etnia
indígena
Desde esta perspectiva, no resulta nada sorprendente que en la indagación adelantada, el departamento del Putumayo registre muy pocos casos, no obstante que organizaciones sociales y comunitarias han comenzando a vislumbrar que la situación humanitaria en el departamento tiende a agravarse, pues los programas financiados por el Plan Colombia están apunto de llegar a su culminación, lo que muy seguramente generará una retirada de las múltiples ONG’s que en los últimos años estuvieron realizando trabajo comunitario en la zona. El panorama, entonces, es simplemente desalentador y apabullante, sobre todo cuando las políticas de atención a la población indígena víctima del conflicto armado no están definidas, en medio de un espiral de violencia donde los actores armados acuden con mayor frecuencia al exterminio físico de las etnias como estrategia de guerra. Número
de violaciones - casos por Macro regiones
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En
lo corrido del año 2003 han sido asesinados alrededor 139 indígenas,
una cifra dramática para un país cuya población indígena está por debajo
del millón de habitantes. En el Día Internacional de los Derechos Humanos,
Actualidad Étnica presenta un rápido balance de la situación humanitaria
de los pueblos indígenas, según cifras recolectadas en el transcurso
del año por la Fundación Hemera, una entidad dedicada a la investigar
asuntos relacionados con los Pueblos Indígenas de Colombia. 
Otra
etnia altamente afectada ha sido la Emberá, especialmente en el departamento
del Chocó, donde se han presentando 30 casos de violaciones con un saldo
de 762 víctimas, 84 de las cuales corresponden a homicidios, desapariciones,
masacres y lesiones personales, entre otras. Lo más grave de estos hechos
acaecidos en el Chocó, es que un 80 por ciento han sido cometidas por
la Fuerza Pública en el marco de operaciones militares contra grupos
armados ilegales.
Otro
elemento que llama poderosamente la atención en el seguimiento que viene
adelantando la Fundación Hemera radica en el altísimo nivel de subregistro
que existe en zonas donde el conflicto armado es intenso. El caso más
significativo se presenta en el departamento del Putumayo, un escenario
de conflicto que abanderó el programa de fumigaciones a cultivos ilícitos
durante el Plan Colombia. Las violaciones en dicho departamento son
sistemáticas y permanentes, pero el miedo y el silencio también se configuran
bien como mecanismo de presión por parte de los actores armados para
que no exista denuncia, bien como mecanismo de protección que asumen
las comunidades para no recibir retaliaciones de ninguna clase. 
